El profesor Javier Orduña, Of Counsel de Tomarial, ha publicado en el diario La Ley un artículo titulado: «El Anteproyecto de Ley de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores: la innecesariedad de la creación de un nuevo registro público». Tal y como se expone en el resumen de esta publicación, en ella «se analiza la falta de oportunidad y conveniencia acerca de la futura creación de un nuevo Registro público para la inscripción de las acciones de representación. Dicho análisis se realiza desde la moderna metodología que parte del marco de armonización de la Directiva 93/13/CEE como un espacio europeo sistemático y normativizado, especialmente a tenor del principio de efectividad y de su debida proyección en los nuevos medios o medidas de elevación del nivel de protección de los consumidores y usuarios.»
Desde este enlace puede consultar el artículo íntegro en la edición digital del diario la Ley.
Javier Orduña, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y ex magistrado del Tribunal Supremo, está reconocido como uno de los juristas más innovadores en materia de derecho privado y goza de un enorme prestigio académico a nivel europeo. Ha publicado una veintena de monografías jurídicas y ha dirigido quince proyectos de investigaciones nacionales e internacionales.
En esta reciente publicación Javier Orduña aborda una temática novedosa y concluye que «el actual Registro de Condiciones Generales de la Contratación debe valorarse como un instrumento jurídico plenamente concorde y eficaz conforme a las exigencias derivadas del marco de armonización de la Directiva. Por lo que la creación de un nuevo Registro comportaría una disfunción, tanto operativa como técnica, con el actual sistema seguido por el legislador español en la transposición de la Directiva 93/13. De ahí su falta de oportunidad y conveniencia. En consecuencia, la recomendación es el perfeccionamiento del actual Registro de Condiciones Generales de la Contratación tanto como herramienta de coordinación de la actividad judicial, especialmente potenciando su digitalización, como instrumento de estudio y análisis en aras a la mejor aplicación del marco de armonización de la Directiva 93/13/CEE.»
