El periódico Las Provincias recoge en su edición de hoy la opinión de los expertos de Tomarial Abogados y Asesores Tributarios en un artículo titulado: «Empresas y particulares podrán exigir indemnización por los daños del estado de alarma». La noticia recoge el punto de vista de nuestro despacho, sobre el que ya escribió un artículo en este blog Juan Antonio Soriano, consejero of counsel de Tomarial.
En la noticia se explica la posibilidad de que se produzcan un aluvión de demandas contra la Administración por los daños padecidos, tanto por particulares como por empresas, a raíz de las medidas tomadas por el Gobierno debidas al COVID-19. Las Provincias cita la opinión de Juan Antonio Soriano, «quien subraya el derecho a exigir indemnización a la Administración en caso de haberse visto gravemente afectado por su gestión de la crisis sanitaria. Por ejemplo, por el fallecimiento de un familiar, el contagio en un entorno sanitario por la falta de medios de protección o el perjuicio sufrido por las empresas y autónomos durante el estado de alarma vigente en España desde mediados de marzo».
El periódico valenciano tambien recoge la opinión de Antonio Ballester, socio director de Tomarial: «ya hay gente que se está planteando presentar demandas por responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, tanto empresas como particulares». Ballester considera que la fuerza mayor no exonerará a la Administración: «En este caso la fuerza mayor puede quedar superada porque hay advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al Estado español, en febrero, del riesgo de pandemia», así como actuaciones que considera punibles. «Fuerza mayor es cuando hay un terremoto, un incendio o un accidente atmosférico que no se puede prever, aquí parece que había elementos objetivos para advertir de que podía producirse esta circunstancia y, en consecuencia, se tendría que haber tomado medidas con mas antelación».
Antonio Ballester prevé acciones legales contra la Administración por la vía penal y también civil: «Las demandas de reclamación patrimonial se van a producir, de hecho, es algo que ya se está estudiando» por parte de quienes han perdido a un familiar y de las empresas que se sienten perjudicadas. Y cita a la hostelería como caso relevante, por el cierre obligado. Además, también considera damnificados de este sector a quienes compraron mercancías confiando en poder reabrir hoy sus puertas en Valencia por pasar a la fase 1.
Desde este enlace puede leer el artículo completo en Las Provincias.
