Muchos estaréis escuchando estos días por todos los medios: prensa, radio, redes sociales… que una vez se levante el estado de alarma se va a producir una “avalancha” de demandas contra la Administración por los daños padecidos, tanto por particulares como por empresas, derivados de las consecuencias que ha tenido el COVID-19 y de las medidas adoptadas por el Gobierno en relación a esta crisis, en principio sanitaria.
Muchos son los perjuicios que nos pueden haber afectado, y no solo en el ámbito sanitario, como por ejemplo el fallecimiento de un familiar, o perteneciendo al ámbito sanitario, habernos infectado por la falta de medios de protección, sino también en el ámbito empresarial y económico, que es quizás, después de la crisis sanitaria, el perjuicio más importante que estamos (y estaremos) padeciendo, ya que muchas empresas y autónomos de este país se han visto seriamente perjudicados en su actividad empresarial o profesional.
Pues bien, llegados a este punto la pregunta es: ¿las Administraciones Públicas contraen algún tipo de responsabilidad por su gestión de la crisis sanitaria? o, si se diera el caso de que me he visto gravemente afectado por esa gestión, ¿tengo derecho a ser indemnizado por aquéllas?
La respuesta a esta pregunta es SÍ, pues como no podría ser de otra manera, el Estado y por lo tanto también el Gobierno, está sometido a la Ley, y esta Ley o normativa (diversas en este caso) garantiza y defiende al ciudadano y a las empresas de aquellas actuaciones que la Administración haya realizado y hayan supuesto un perjuicio para los “administrados” y que no tenían por qué haber padecido ni soportado. Es lo que se denomina Responsabilidad Patrimonial de la Administración.
No es intención de esta información ahora explicar en detalle en que consiste esa Responsabilidad Patrimonial de la Administración, todas sus características y qué requisitos se deben cumplir para que se dé, pero sí dejar claro que la Administración tiene esa responsabilidad y nosotros el derecho a poder reclamarla si nos corresponde.
En este sentido, TOMARIAL Abogados, a través de su Departamento Jurídico, puede estudiar cada caso en particular, por si encontrándose en dicha situación procede reclamar a la Administración, Responsabilidad Patrimonial por los perjuicios que le haya ocasionado toda esta situación y las medidas que ha adoptado el Gobierno, tanto desde un nivel personal como empresarial.
Juan Antonio Soriano. Consejero Of Counsel de TOMARIAL
