En junio de 2021 una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló una sanción impuesta a una entidad deportiva de primer nivel de la Comunidad Valenciana defendida por Tomarial. La propuesta inicial de la sanción ascendía a 810.000 euros y provenía de la Dirección General de Ordenación del Juego. El área contencioso-tributaria de nuestro despacho, liderada por Rafael Donet, basó sus recursos en la inexistente justificación de la culpabilidad en la resolución sancionadora. La sanción se refería a la publicitación de la entidad deportiva en la página web internacional de una casa de apuestas que no disponía del título habilitante para ofrecer juego en España.
Este caso, defendido por Tomarial, ha pasado por numerosas instancias judiciales antes de resolverse a favor de nuestro cliente. La primera propuesta sancionadora fue en 2016 y tras las primeras alegaciones la cuantía de la sanción se rebajó a 254.000 €. Tras esto, se interpuso recurso de alzada contra esta resolución, que fue desestimada en 2018. El área contencioso-tributaria de Tomarial recurrió ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, si bien, cuando el pleito se encontraba concluso para ser resuelto, la Sala se declaró incompetente cuando ya estaba el proceso pendiente para dictar fallo. La Audiencia Nacional indicó que la competencia jurisdiccional correspondía a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Superior de Justicia y la cuestión pasó al TSJ de la Comunidad Valenciana.
Las alegaciones preparadas por Tomarial estaban basadas en que no había motivación de culpabilidad ninguna de la entidad deportiva defendida por nuestro despacho en todo el expediente sancionador. A pesar de ello, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana dictó una sentencia desestimatoria en febrero de 2020, ante lo cual se presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal, si bien inadmitió a trámite el recurso de casación por carecer de interés casacional para la formación de jurisprudencia, abrió la posibilidad para plantear un incidente de nulidad de actuaciones ante el STJCV, como paso previo, en todo caso, para interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Finalmente, en enero 2021 se planteó por nuestro despacho el incidente de nulidad de actuaciones ante la Sala de Valencia, que mediante auto dictado el pasado mes de abril fue estimado y anuló la sentencia dictada por dicha Sala en febrero de 2020. Así, en junio de 2021 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana redactó una nueva y definitiva sentencia del TSJCV que anuló la multa propuesta por la Dirección General de Ordenación del Juego. Una sentencia firme que anulaba otra anterior del mismo tribunal y que ha puesto fin a este caso.
La sentencia estimó el argumento de la defensa de Tomarial, reconociendo que en el fallo anterior no se había pronunciado sobre la justificación de culpabilidad. Y también que el escrito de contestación a la demanda formulado por el Abogado del Estado no había rebatido esa concreta pretensión de nulidad. En opinión de Rafael Donet, director del área contencioso-tributaria de Tomarial, “es un éxito jurídico conseguir que un Tribunal Superior de Justicia anule una sentencia propia. Pensamos que la motivación de culpabilidad es un elemento clave en muchos casos de sanciones tributarias, porque hay mucha jurisprudencia que avala su aplicación”.
El departamento contencioso-administrativo de Tomarial es un área en crecimiento dentro del despacho, dedicada a la defensa judicial de empresas y particulares ante las liquidaciones y sanciones tributarias. “La presión recaudatoria en España ha aumentado mucho y nuestro papel es defender a los contribuyentes, asesorándoles sobre las posibilidades que tienen de demandar y conseguir que se anulen las sanciones impuestas por la administración tributaria”, explica Rafael Donet. Por su experiencia, “hay muchos casos en que se puede ganar un recurso, no sólo por cuestiones de fondo sino, y fundamentalmente, por cuestiones de defectos procedimentales en su inmensa mayoría. Los acuerdos de derivación de responsabilidad son otra vía utilizada con mayor frecuencia actualmente por la Administración tributaria con la finalidad de incrementar la recaudación vulnerando los derechos e intereses de los contribuyentes, siendo nuestra obligación legal y moral defender a los clientes, explicándoles que si recurren tienen elevadísimas posibilidades de éxito ante la administración tributaria en los tribunales”.
